Organizaciones vinculadas a la agroecología y la agricultura familiar advirtieron que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional elimina límites a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, flexibiliza el acceso a zonas con recursos hídricos estratégicos y reduce los mecanismos de control estatal.
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, presentado por el Poder Ejecutivo y actualmente en debate legislativo, incluye una profunda modificación de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos desde sectores vinculados a la agroecología, la agricultura familiar y organizaciones campesinas e indígenas.
Según el análisis difundido por la Agencia Tierra Viva, la reforma plantea cambios que facilitarían la concentración de la tierra en pocas manos y la adquisición de grandes extensiones por parte de inversores extranjeros y corporaciones internacionales, al tiempo que debilitaría los controles estatales sobre el mercado de tierras rurales.
Uno de los principales cambios propuestos es la eliminación de los límites actualmente vigentes para la propiedad extranjera de tierras rurales. La legislación actual establece que la titularidad en manos de extranjeros no puede superar el 15% del territorio nacional o provincial, además de fijar restricciones por nacionalidad y un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero.
La iniciativa oficial elimina esos porcentajes y límites de superficie, y modifica la definición de “sujeto extranjero”, restringiéndola únicamente a los Estados. De acuerdo con los cuestionamientos de las organizaciones, esta modificación permitiría que fondos de inversión, grandes empresas y corporaciones internacionales adquieran extensas superficies sin las limitaciones actuales.
Otro de los puntos que genera preocupación es la eliminación de las restricciones para la compra de inmuebles que contengan o sean ribereños de ríos, lagos, lagunas y otros cuerpos de agua estratégicos. La normativa vigente impide que esas tierras queden bajo dominio extranjero, mientras que el proyecto oficial suprime esa protección.
Desde los sectores críticos sostienen que esta medida podría favorecer la apropiación privada de recursos hídricos considerados esenciales para la producción de alimentos y para la soberanía territorial.
En ese sentido, vinculan la propuesta con otras políticas del Gobierno nacional, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y con proyectos tecnológicos anunciados para la Patagonia, entre ellos la carta de intención firmada entre la empresa argentina Sur Energy y la estadounidense OpenAI para la posible instalación de un centro de datos de inteligencia artificial, infraestructura que requiere grandes volúmenes de agua para la refrigeración de sus servidores.
La iniciativa también propone eliminar el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, organismo encargado de supervisar las operaciones de compra y venta, controlar el cumplimiento de la ley y administrar el Registro Nacional de Tierras Rurales.
Para las organizaciones agroecológicas, la desaparición de este organismo reduciría la capacidad del Estado para monitorear la estructura de la propiedad rural y diseñar políticas públicas destinadas a pequeños productores, agricultores familiares y proyectos de producción sustentable.
Advierten además que la reforma podría agravar la situación de miles de productores que actualmente trabajan sobre tierras arrendadas. Según datos citados del Censo Nacional Agropecuario 2018, cerca del 60% de los productores hortícolas de los cinturones verdes alquilan la tierra que cultivan, mientras que en la zona núcleo ocho de cada diez hectáreas se producen bajo contratos de arrendamiento.
Desde la perspectiva de la agroecología, el proyecto profundiza un modelo basado en la mercantilización de la tierra y el avance del extractivismo, desplazando su función social, ambiental y alimentaria.
Las organizaciones sostienen que, en lugar de flexibilizar las condiciones para la compra de tierras rurales, Argentina debería avanzar hacia políticas que garanticen un acceso más democrático al territorio, fortalezcan la soberanía alimentaria y protejan recursos estratégicos como la tierra y el agua.
La discusión legislativa continúa abierta y se perfila como uno de los debates centrales sobre el futuro del uso y la propiedad de los recursos naturales en el país.
Fuente: Agencia Tierra Viva.
