Mientras miles de trabajadores destinan buena parte de sus ingresos al pago de un alquiler, una denuncia pública del diputado nacional Rodolfo Tahilade sostiene que el juez federal Javier María Leal de Ibarra percibe un reintegro del 80% del alquiler de su vivienda en Comodoro Rivadavia pese a cobrar un salario cercano a los $25 millones mensuales. La polémica también suma cuestionamientos sobre beneficios fiscales y un pedido de explicaciones por el financiamiento de los estudios universitarios de su hija en Estados Unidos.
El histórico debate sobre los privilegios del Poder Judicial volvió a instalarse con fuerza luego de una dura denuncia pública contra el juez federal Javier María Leal de Ibarra, acusado de percibir desde hace más de una década un millonario reintegro estatal para afrontar el alquiler de su vivienda en la ciudad de Comodoro Rivadavia, a pesar de contar con un salario que, según la denuncia, ronda actualmente los 25 millones de pesos mensuales.
La acusación fue difundida por un diputado nacional, quien utilizó un tono particularmente crítico para cuestionar lo que considera un ejemplo extremo de los privilegios que aún conserva parte de la Justicia argentina.
Según el legislador, desde hace 14 años el Estado viene reintegrando el 80% del valor del alquiler del magistrado, una asistencia que actualmente equivaldría a aproximadamente dos millones de pesos mensuales. En su publicación sostuvo que, acumulado durante todo ese período, el beneficio representaría cerca de un cuarto de millón de dólares financiados con recursos públicos.
La denuncia pone el foco en una situación que inevitablemente reabre una discusión cada vez más presente en la opinión pública: mientras millones de trabajadores afrontan alquileres cada vez más difíciles de pagar con ingresos que pierden poder adquisitivo, determinados funcionarios judiciales continúan percibiendo beneficios adicionales que muchos consideran difíciles de justificar.
Las resoluciones que autorizan el beneficio
Como respaldo de sus afirmaciones, el diputado difundió copias de dos resoluciones administrativas del Poder Judicial que efectivamente disponen el reintegro de una parte del alquiler abonado por Leal de Ibarra.
La primera corresponde a la Resolución 740/2012, dictada en el expediente 1833/2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante la presidencia de Ricardo Luis Lorenzetti>.
En ese documento se establece que el magistrado había considerado “equitativo” que se le reconociera el 80% de los cánones locativos y, en consecuencia, se instruía a la Administración General del Poder Judicial para reintegrarle ese porcentaje del alquiler correspondiente al inmueble ocupado en Comodoro Rivadavia, sujeto a disponibilidad presupuestaria.
Doce años más tarde, la situación fue nuevamente ratificada mediante la Resolución 3738/2024, expediente 13-06383/24.
Firmada por el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady, la resolución vuelve a autorizar el reintegro del 80% de los importes abonados por el juez en concepto de alquiler, ordenando además imputar el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes.
La existencia de ambas resoluciones confirma que el beneficio cuenta con respaldo administrativo dentro del régimen vigente del Poder Judicial.
Nuevos cuestionamientos
La controversia, sin embargo, no se limita al alquiler.
El diputado recordó además que Leal de Ibarra habría intentado adherirse al denominado régimen simplificado previsto por la llamada “Ley de Inocencia Fiscal”, pese a integrar un sector del Poder Judicial cuyos miembros, por su régimen de designación, históricamente han estado exentos del pago del Impuesto a las Ganancias.
Esa situación fue presentada por el denunciante como una nueva muestra de las ventajas que —según su interpretación— continúan acumulando determinados integrantes de la magistratura.
El pedido sobre una beca en Estados Unidos
La publicación también incorpora otro interrogante que podría derivar en nuevas presentaciones ante el Consejo de la Magistratura de la Nación>.
El legislador sostuvo que, para despejar cualquier sospecha de posibles conflictos de interés, el magistrado debería informar públicamente qué fundación o empresa financia, mediante una beca, los estudios universitarios que su hija cursa en Estados Unidos desde 2022.
Hasta el momento de la denuncia pública no se acompañó documentación sobre ese punto, por lo que se trata de un pedido de explicaciones formulado por el denunciante y no de un hecho acreditado.
Un nuevo capítulo en el debate sobre los privilegios judiciales
Más allá del desenlace que pueda tener esta denuncia, el episodio vuelve a colocar bajo escrutinio un régimen de beneficios que desde hace años genera fuertes cuestionamientos sociales.
Mientras buena parte de la población enfrenta dificultades crecientes para acceder a una vivienda o sostener un alquiler, la continuidad de compensaciones económicas para funcionarios con elevados ingresos alimenta un debate que excede el caso particular de Leal de Ibarra y vuelve a interpelar al sistema de privilegios que históricamente ha rodeado a sectores del Poder Judicial argentino.
Ahora, la atención estará puesta en si el Consejo de la Magistratura de la Nación decide avanzar sobre los planteos formulados por el diputado y si el magistrado responde públicamente a las acusaciones que lo tienen en el centro de una nueva controversia institucional.
