La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si el exvocero presidencial y exjefe de Gabinete continúa utilizando recursos del Estado sin respaldo legal. La causa quedó en manos del juez federal Julián Ercolini y también alcanza a funcionarios que habrían autorizado esos beneficios.
La polémica en torno al uso de recursos públicos por parte del exvocero presidencial y exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo judicial. La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que se investigue si el exfuncionario continúa utilizando custodia de la Policía Federal Argentina y vehículos oficiales, pese a haber dejado el cargo y, por lo tanto, carecer de facultades legales para acceder a esos beneficios.
La presentación judicial, que recayó en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, no solo apunta contra Adorni, sino también contra los funcionarios del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete y la Policía Federal que eventualmente hayan autorizado la continuidad de la custodia y de la asignación de un vehículo oficial.
Según el escrito, con la renuncia de Adorni “cesó todo título jurídico que lo habilitara a gozar de los bienes y servicios que el Estado Nacional destina, por razón del cargo, a quienes ejercen la función pública”. En ese sentido, la legisladora sostiene que el exfuncionario “habría continuado usufructuando, con posterioridad a su renuncia, custodia personal a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina y vehículos oficiales del Estado Nacional para su desplazamiento”.
La denuncia también cuestiona el argumento utilizado para justificar la continuidad de esos beneficios. De acuerdo con versiones oficiales, la protección se habría mantenido debido a presuntas amenazas recibidas por Adorni. Sin embargo, Pagano afirma que esas amenazas “no fueron formalmente denunciadas ni judicializadas” y que la eventual prórroga de la custodia “se encontraría aún pendiente de oficializarse en el ámbito del Ministerio de Seguridad”.
Para la legisladora, el punto central del caso radica en la ausencia de respaldo administrativo y legal. En su presentación sostiene que “la afectación de personal y de bienes públicos a favor de un particular estaría teniendo lugar sin acto administrativo que la disponga, sin evaluación de riesgo formalmente labrada y sin sustento normativo alguno que la legitime”.
El caso tomó mayor repercusión luego de que distintos medios informaran que Adorni fue visto llegando a la Casa Rosada en una camioneta oficial con chofer, aun después de haber abandonado sus funciones. Las versiones periodísticas también señalaron que el Ejecutivo evaluaba mantenerle una custodia permanente junto con el uso de vehículos blindados.
No es la primera vez que el exfuncionario queda bajo la lupa por el presunto uso de recursos estatales. Durante las últimas semanas también trascendieron denuncias que indicaban que vehículos oficiales habrían sido utilizados para actividades privadas, como traslados de empleadas domésticas para realizar compras o el acompañamiento de la custodia a familiares en reuniones sociales. Esas acusaciones forman parte del contexto de otra investigación impulsada por la propia Pagano por presunto enriquecimiento ilícito.
En esta nueva causa, la diputada solicitó que la Justicia determine si existieron los delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tanto por parte de Adorni como de los funcionarios que hubieran autorizado la utilización de recursos estatales sin fundamento legal.
Mientras el Gobierno sostiene que la protección obedecería a razones de seguridad derivadas de amenazas recibidas por el exfuncionario, la denuncia plantea que ningún ciudadano, una vez desvinculado de la función pública, puede continuar utilizando bienes y personal del Estado sin una resolución formal que lo autorice. Será ahora la Justicia Federal la encargada de determinar si existió una excepción legalmente justificada o si, por el contrario, se configuró un uso indebido de recursos públicos.
