Crisis en las Fuerzas de Seguridad: entre la pobreza, la deserción masiva y la sombra de la persecución política
Entre 2024 y 2026, la pérdida de poder adquisitivo llevó a las fuerzas armadas y policiales al borde del colapso operativo. Mientras el Gobierno Nacional intenta contener una deserción histórica de 19.000 efectivos con bonos y la habilitación de “changas”, en las provincias estallan los “sirenazos” y los acampes. La respuesta estatal: sumarios, cárcel y denuncias cruzadas de persecución política. Un mapa de la grieta institucional.
La imagen de un gendarme o un soldado manejando para aplicaciones de delivery o transporte de pasajeros se convirtió en el símbolo más elocuente de la emergencia que atraviesa el sector de la seguridad en Argentina. En un país donde la inflación devora cualquier ajuste, el personal armado —nacional y provincial— enfrenta una paradoja histórica: están prohibidos de hacer huelga, pero sus salarios los ubican por debajo de la línea de pobreza.
Este informe detalla el escenario de alta conflictividad que marcó el período 2024-2026, donde el reclamo salarial mutó hacia denuncias de gravedad institucional, incluyendo persecución política, causas armadas y apremios ilegales.
1. El Frente Nacional: Deserción masiva y “abrazos” a la Casa Rosada
En el ámbito de las Fuerzas Armadas y las cinco fuerzas federales de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y Servicio Penitenciario Federal), el eje del conflicto es la supervivencia básica.
El éxodo uniformado: Reportes internos y gremiales estiman que más de 19.000 efectivos dejaron las Fuerzas Armadas entre 2024 y 2026. Este fenómeno de deserción masiva está vinculado directamente a la imposibilidad de cubrir la canasta básica familiar.
Medidas de fuerza inéditas: Ante la restricción legal de sindicalizarse y hacer huelga, los efectivos recurrieron a medidas de presión que rompieron el molde castrense. Se registraron movilizaciones unificadas, “abrazos” simbólicos al Edificio Centinela y a la Casa Rosada, y casos extremos de efectivos que se encadenaron a las rejas de la sede gubernamental denunciando “sueldos de hambre”. En Gendarmería y Prefectura, el reclamo salarial se unificó con denuncias por muertes evitables en servicio, como los casos de contagio de hantavirus en operativos en Salta por falta de protocolos y elementos de seguridad e higiene.
La respuesta oficial: El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad intentaron contener la olla a presión con una mezcla de aumentos escalonados (que llegaron al 25% en algunos tramos de las FF.AA. y un 7,5% en otros) y bonos no remunerativos de hasta $300.000. Sin embargo, la medida más controversial fue la habilitación temporal de tareas extras: el propio Estado tuvo que autorizar a personal militar a trabajar como choferes de apps o delivery para complementar sus ingresos, una decisión que generó un profundo debate sobre el prestigio y la disponibilidad de las fuerzas.
2. El Estallido Provincial: “Sirenazos” y el mapa del conflicto
Si la situación nacional es crítica, en las provincias el cuadro es de estallido, agravado por las asfixias fiscales locales. La falta de derecho a la huelga derivó en la creación de nuevas metodologías de protesta.
- Provincia de Buenos Aires: Los “sirenazos” y concentraciones frente a las comisarías se volvieron habituales. El gobierno provincial respondió con aumentos del 9% y 11%, y bonos retroactivos. Sin embargo, las organizaciones policiales sostienen que son “parches” que no empatan con la inflación real, y denuncian que se los estigmatiza tildando sus protestas de “actos políticos” o “motines” para deslegitimar demandas estrictamente económicas.
- Santa Fe: En Rosario y otras ciudades, la tensión incluyó riesgos de acuartelamiento. Los efectivos exigen no solo salarios que equiparen la canasta básica, sino también atención a la salud mental y mejoras en las condiciones operativas.
- Patagonia (Santa Cruz y Tierra del Fuego): En Santa Cruz, policías activos y retirados acampan frente a la Casa de Gobierno. Los denunciantes aseguran haber recibido amenazas durante las mesas del Consejo del Salario. En Tierra del Fuego, el conflicto escaló al denunciarse que la provincia está en los últimos puestos del ranking salarial patagónico, señalando un “desprecio institucional” hacia su situación económica.
- Norte y Centro (Jujuy, Misiones, Córdoba): En Jujuy, las caravanas exigieron aumentos del 70% y rechazaron el pago en bonos o cuotas. En Córdoba y Misiones, las movilizaciones conjuntas de policías locales con efectivos de Gendarmería y Ejército dejaron en evidencia que el problema trasciende las jurisdicciones: “No nos alcanza el sueldo para vivir”, fue la consigna unificada.
3. Los Casos Graves: Corrupción, Cárcel y Persecución
Más allá del reclamo salarial, el período 2024-2026 dejó al descubierto denuncias de altísima gravedad sobre el uso del aparato estatal para perseguir a referentes policiales que cuestionan a las cúpulas o al poder político.
El caso Misiones: La causa armada por el contrabando de soja
El caso del Cabo Primero Adolfo Basilio Girula expone la cara más oscura de la institución. Girula asegura que fue víctima de una causa armada para frenar sus procedimientos contra el contrabando de soja en Apóstoles.
Tras participar en operativos que secuestraron camiones con soja ilegal, Girula y otro efectivo comenzaron a sufrir represalias: informes internos falsos, traslados, la disolución de su división y finalmente su baja.
Girula, que pasó 94 días acampando frente a la Casa de Gobierno de Misiones, denunció haber sufrido traslados clandestinos, apremios ilegales y torturas psicológicas en unidades penitenciarias. La paradoja institucional llegó al extremo de ser citado para notificarle el archivo de sumarios internos después de haber sido dado de baja. Girula sostiene que la causa “Solo Cola” nunca fue a juicio para evitar que salieran a la luz irregularidades procesales, como el secuestro de su arma y vehículo sin orden judicial.
El caso Río Negro: Un líder sindical tras las rejas
En Río Negro, la persecución tomó un carácter penal. Rubén Muñoz, el policía que lideraba el reclamo por el diálogo salarial —denunciando que incluso oficiales jefes y comisarios ganan por debajo de la línea de pobreza—, terminó encarcelado.
Muñoz sufrió apremios ilegales por parte del jefe de la unidad penitenciaria donde está alojado. El detalle macabro de la denuncia es que, meses antes de su detención, Muñoz ya había denunciado penalmente a ese mismo responsable por hechos de corrupción. Hoy, Muñoz está preso y hay decenas de policías rionegrinos sancionados.
4. El Marco Legal: La criminalización del reclamo
El análisis de los conflictos provinciales revela un patrón sistemático de tres etapas que utilizan las administraciones locales frente al descontento:
- Amenaza de sumarios y sanciones: En lugar de mejorar las ofertas paritarias, la herramienta predilecta es la intimación administrativa. La apertura de sumarios por “abandono de deberes” o “falta de respeto a la jerarquía” pende sobre los efectivos como una espada de Damocles.
- Estigmatización mediática e institucional: Los gobiernos provinciales y sectores oficialistas califican las protestas como “conspiraciones políticas”, “actos de violencia” o “motines”. Esta etiqueta busca correr el foco de la pobreza salarial y justificar la represión.
- Falta de diálogo y judicialización: Las mesas paritarias son percibidas por los uniformados como una formalidad burocrática. Ante la presión social (cortes, acampes), el Estado responde con denuncias penales por “intimidación pública” o “ilegitimidad”, aplicando el Código Penal para silenciar lo que es, en esencia, un conflicto gremial.
Conclusión: Una bomba de tiempo institucional
La situación de las fuerzas de seguridad en Argentina en este julio de 2026 refleja una tensión estructural insostenible. La prohibición legal de sindicalización y huelga choca de frente contra la realidad económica de un país en crisis.
El ciclo es vicioso y peligroso: la precarización obliga a los efectivos a realizar medidas de hecho para ser escuchados; el Estado responde con el aparato disciplinario y penal; y los agentes, acorralados, denuncian públicamente una persecución política destinada a silenciar su hambre.
Mientras el Gobierno Nacional parcha la fuga de personal con bonos y la habilitación de tareas informales, y las provincias responden con sumarios y cárcel a sus referentes, la seguridad interior y la defensa nacional atraviesan su momento de mayor vulnerabilidad en las últimas décadas. El uniforme, que debería ser símbolo de autoridad, hoy es el estandarte de una protesta social que el Estado parece no saber —o no querer— resolver.
