Una respuesta firmada por el intendente Diego Ramello dejó expuesta una modalidad de designación que vuelve a poner bajo la lupa la estructura política del Gobierno municipal. Concejales de la oposición advierten que existen funcionarios que aparecen “a cargo del despacho” de distintas áreas, pero que no estarían formalmente incorporados al organigrama como responsables de esas dependencias. La situación, además de generar interrogantes administrativos, plantea una pregunta de fondo: ¿quién responde legal y políticamente por las decisiones que se toman en esas áreas?
Una respuesta oficial del Poder Ejecutivo Municipal de Choele Choel a un pedido de informes realizado oportunamente por el concejal César Yunes terminó dejando al descubierto una situación que la oposición viene cuestionando desde hace tiempo: la existencia de personas que cumplen funciones dentro de la estructura municipal sin que, según surge de la propia documentación oficial, estén designadas de la manera habitual como responsables de las áreas que conducen.
El documento, firmado por el intendente Diego Ramello y remitido a la Contraloría Municipal —con fecha de ingreso del 1 de julio de 2026—, detalla el organigrama municipal y enumera secretarios, subsecretarios y directores. Sin embargo, en varios casos utiliza una fórmula particularmente llamativa: los funcionarios aparecen “a cargo del despacho” de determinadas dependencias y son identificados con un asterisco.
La propia nota del intendente aclara que esos asteriscos corresponden a “todas las designaciones que no importan incorporación de los designados a la planta política”.
La aclaración oficial lejos de despejar dudas, las profundiza.
Funcionarios que están, pero no están
Según la respuesta elevada a la Contraloría, el organigrama surge de la Ordenanza 65/2023 y de las resoluciones 1745/2023, 868/2024, 1579/2024, 131/2025 y 532/2025.
En el listado aparecen Javier de Godos, Luisina Parola, Juan Pablo Gelén, Rubén Almada y Javier Lefinao como secretarios, aunque en el caso de este último se especifica que está “a cargo del despacho de la Secretaría de Promoción y Seguridad”.
También figuran como directores Vanessa Beatriz Guerra, Ana María Domínguez, Belén Pared, Roberto Carlos La Rosa, Aliro Ruiz, Damiana Noemí Rochetti, Silvia Noemí Zuain, Gerardo Da Sosa y Rodrigo García.
Pero seis de esas designaciones están marcadas con el controvertido asterisco: Javier Lefinao, Aliro Ruiz, Damiana Noemí Rochetti, Silvia Noemí Zuain, Gerardo Da Sosa y Rodrigo García.
En todos estos casos, la documentación municipal no habla directamente de personas formalmente designadas como titulares del cargo, sino de funcionarios “a cargo del despacho” de determinadas áreas.
Y allí aparece el principal interrogante.
Si una persona está al frente de una Secretaría o Dirección, pero no está formalmente designada como titular de esa dependencia, ¿qué alcance tiene su responsabilidad sobre las decisiones que adopta?
“Puede ocurrir cualquier cosa y no tienen ningún tipo de responsabilidad”
El concejal Rodrigo Araneda fue consultado por Perspectiva para evitar interpretaciones erróneas sobre el contenido de la documentación y fue contundente al explicar el planteo opositor.
“Dentro de su organigrama, el Intendente tiene algunos funcionarios que le facturan a la Municipalidad o que no están designados de manera correcta, para nosotros”, señaló.
Araneda hizo especial referencia a la propia aclaración incorporada por Ramello en la nota: “todos los que están en asterisco”.
Según explicó el concejal, cuando una persona no está correctamente designada o directamente factura a la Municipalidad, su firma como funcionario puede quedar en una situación “suspendida o irregular o sin ninguna fuerza luego legal”.
Y planteó una consecuencia que resulta particularmente grave para cualquier administración pública: “puede ocurrir cualquier cosa y no tienen ningún tipo de responsabilidad en sus actos de gobierno porque no tienen firma”.
El edil recordó además que la oposición ya había advertido una situación similar durante la gestión de Javier Lefinau, cuando este firmaba carnets de conducir mientras facturaba a la Municipalidad.
“Entonces, a través del reclamo dejó de firmar los carnets que empezaban a expedirse”, recordó Araneda, quien anticipó que volverán a solicitar información al Ejecutivo para que se ratifique y aclare la situación.
La pregunta que el Municipio todavía debe responder
El problema no parece reducirse a una cuestión meramente formal o semántica sobre cómo denominar a una persona dentro de un organigrama.
La Carta Orgánica Municipal establece una estructura de responsabilidades que apunta precisamente a determinar quién ocupa cada función y quién responde por las decisiones que se adoptan en ejercicio de ella.
Por eso, si una persona conduce de hecho una Secretaría o Dirección, toma decisiones, dispone acciones administrativas y eventualmente suscribe documentación, pero no está formalmente incorporada como responsable política de esa dependencia, la pregunta resulta inevitable: ¿quién se hace responsable cuando algo sale mal?
Y hay otra cuestión todavía más delicada.
La propia documentación oficial no permite conocer con precisión qué tareas concretas desempeñan las personas identificadas con asterisco, bajo qué modalidad las realizan, qué facultades tienen delegadas ni cuál es la contraprestación que reciben por esas funciones.
Es decir, el Municipio informa quiénes están “a cargo del despacho”, pero no termina de explicar con claridad qué responsabilidad efectiva tienen, qué atribuciones ejercen y bajo qué marco jurídico y administrativo lo hacen.
¿Quién paga y por qué función?
La situación también abre interrogantes sobre las condiciones económicas de quienes aparecen en ese listado.
No se dispone, a partir de la información difundida, de elementos suficientes para determinar qué tareas concretas realizan las personas señaladas con asterisco ni si esas tareas justifican el pago que eventualmente reciben por parte del Municipio.
La duda adquiere especial relevancia en el caso de Lefinau: si figura “a cargo del despacho” de una Secretaría, pero no como secretario formalmente designado, ¿percibe una remuneración equivalente a la de un secretario? ¿cobra por otra función? ¿bajo qué modalidad?
Son preguntas básicas para conocer cómo se administra el dinero público y quiénes son los verdaderos responsables de las áreas municipales.
Un organigrama que genera más dudas que certezas
La nota del Ejecutivo también deja constancia de que Ana María Domínguez cumple funciones de Protocolo y Ceremonial “ad honorem o no remunerada”.
En cambio, nada similar se aclara respecto de quienes aparecen señalados con asterisco.
Así, un documento que pretendía responder un pedido de informes terminó aportando elementos para formular nuevas preguntas.
Porque si el Municipio necesita aclarar que determinadas designaciones “no importan incorporación de los designados a la planta política”, resulta razonable preguntar cuál es entonces la naturaleza exacta del vínculo de esas personas con el Estado municipal y cuáles son los límites de sus atribuciones.
La administración pública no debería funcionar sobre zonas grises.
Los cargos, las funciones, las firmas, las responsabilidades y las remuneraciones deberían estar perfectamente determinados. No solo para garantizar el cumplimiento de la normativa, sino también para que los vecinos sepan quién toma las decisiones y quién debe responder por ellas.
La oposición ya anunció que volverá a pedir explicaciones.
Ahora será el Ejecutivo de Diego Ramello el que deberá explicar, con precisión y sin asteriscos, quién manda, quién firma, quién cobra y, fundamentalmente, quién se hace responsable.
