Mientras la administración de Gustavo Melella levanta la voz por la “soberanía” ante la escala del VS Promise en el puerto capitalino, su propia Secretaría de Hidrocarburos avala con firmas y sellos el bombeo de medio millón de barriles de petróleo provincial hacia las bodegas de un buque de bandera inglesa. Una pantomima política que expone un doble estándar insostenible.
En un giro operativo que desnuda la profunda contradicción de la gestión provincial, el buque tanque VS Promise –registrado bajo pabellón británico en la Isla de Man (IMO 9351438)– soltó amarras anoche a las 21:07 desde el muelle comercial de Ushuaia y puso proa hacia la monoboya de Río Cullen. Su destino: cargar más de 500.000 barriles de crudo extraído de los yacimientos offshore de la Cuenca Marina Austral. La misma mole de acero de 228 metros de eslora que horas antes el gobierno de Gustavo Melella denunció con estridencia patriótica, es ahora la destinataria silenciosa del recurso estratégico que la Provincia dice proteger.
Según los registros del sistema AIS (Marinetraffic), la embarcación navegó por el Canal Beagle a 12,1 nudos con rumbo este, completando un segundo intento de carga tras el fracaso operativo de su primera estadía, que había culminado con su partida el pasado 13 de agosto. El crudo que transportará proviene del consorcio liderado por la francesa TotalEnergies, junto a Pan American Energy (PAE) y la alemana Wintershall Dea, cuyos activos fueron absorbidos internacionalmente por la británica Harbour Energy.
La farsa del “desconocimiento” administrativo
Ante la indignación pública, el vocero presidencial Adrián Ravier y el Ejecutivo provincial emitieron comunicados responsabilizando a la intervención federal de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por permitir el ingreso de una bandera británica. Sin embargo, esta narrativa se desmorona al llegar a Río Cullen, jurisdicción bajo regulación directa de la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego.
Intentando eludir su responsabilidad política, la cartera energética provincial alegó que “no tiene acceso a la información relativa a la procedencia del buque, su bandera, registro y documentación marítima”, limitando su rol a una supuesta fiscalización de líquidos “desde tierra”. Un argumento endeble que choca frontalmente con el propio protocolo oficial admitido por el gobierno.
La realidad normativa (Ley Corta N.º 26.197) y el comunicado gubernamental desmienten esta ceguera selectiva. El Estado fueguino interviene de manera ineludible en cuatro etapas innegables:
- Antes del despacho: Recibe una declaración jurada de la operadora que especifica volumen, calidad, empresa compradora y destino, emitiendo un Certificado de Origen provisorio.
- Durante la carga: Inspectores provinciales constatan y auditan en terreno la transferencia de los tanques de almacenamiento a las bodegas del buque.
- Después de la operación: La documentación es presentada ante la Secretaría para completar la certificación definitiva, sin la cual la Aduana no autoriza la salida.
Frente a este despliegue regulatorio, resulta absolutamente inverosímil, cuando no sospechoso, sostener que los fiscalizadores apostados a escasas tres millas de la costa ignoraban que la nave que estaban llenando con petróleo fueguino era el VS Promise. ¿Es creíble que en todo este circuito de trazabilidad, nadie en la Secretaría de Hidrocarburos leyera el nombre o la bandera del barco en los documentos que ellos mismos exigen y sellan?
Un doble estándar que hiere la soberanía
La estrategia comunicacional del gobierno de Tierra del Fuego revela un cinismo administrativo de manual: cuando el VS Promise opera en Cullen bajo jurisdicción provincial, el gobierno adopta una postura técnica y hace la vista gorda sobre su origen británico. Cuando ese mismo buque recala en Ushuaia, bajo órbita nacional, el Ejecutivo provincial desempolva un discurso soberanista para lavar su imagen ante la opinión pública.
Tardíamente, y con el escándalo ya instalado, el Ministerio de Energía anunció que está “trabajando en medidas específicas” para establecer criterios claros sobre buques bajo pabellón del Reino Unido. Esta admisión es una confesión palmaria de negligencia: si el gobierno tiene los resortes legales y las competencias para fijar condiciones, ¿por qué no se aplicaron antes de que el VS Promise amarrara y cargara en Cullen? ¿Qué fue exactamente lo “recientemente conocido” que activó las alarmas solo cuando el barco tocó el muelle de la capital?
Interrogantes que exigen respuestas, no parches
La gestión Melella no puede pretender cerrar esta polémica con cortinas de humo sobre competencias náuticas de la Prefectura. La discusión no es solo de seguridad marítima, sino de la entrega y administración transparente de los recursos naturales. Para saldar esta zona gris de complicidad, la Secretaría de Hidrocarburos debe responder con documentación formal y pública:
- ¿Figuraba o no la nominación del VS Promise en las declaraciones juradas presentadas por TotalEnergies antes del bombeo?
- ¿Quién es la empresa compradora declarada y cuál es el puerto de destino final consignado en el Certificado de Origen que la Provincia rubricará?
- ¿Qué volumen exacto de crudo se bombeó en la primera maniobra inconclusa y cuánto se cargará en esta segunda recalada?
- ¿Los fiscalizadores provinciales conocían la identidad y bandera del petrolero mientras auditaban la transferencia?
La soberanía no admite compartimentos estancos ni conveniencias políticas. No se puede clamar con indignación en Ushuaia por la presencia de un buque de bandera inglesa, mientras en el norte de la propia provincia se le certifica, se le fiscaliza y se le entrega en bandeja el crudo que pertenece a todos los fueguinos. El silencio cómplice de la Secretaría de Hidrocarburos ya no es una omisión: es una convalidación.
