El proyecto impulsado por el gobierno nacional para modificar la Ley 19.550 elimina controles, permite sociedades “fantasma” operadas por inteligencia artificial y habilita juicios en jurisdicciones extranjeras. Lejos de “modernizar”, la iniciativa profundiza un modelo que desde 1976 fugó 436.000 millones de dólares. El contraste es brutal con la visión del fallecido Eduardo Basualdo, que buscaba institucionalizar los grupos económicos para frenar la evasión y salvar al tejido productivo.
El gobierno nacional avanza a paso firme con una de las operaciones de ingeniería jurídica más regresivas de las últimas décadas: la reforma de la Ley General de Sociedades (Ley 19.550), vigente desde 1972. Bajo el eufemismo de “modernización” y “adaptación a la economía digital”, el oficialismo y su aliado estratégico, el ministro Eduardo Sturzenegger, buscan desmantelar el orden público societario. El resultado, advierten expertos, organismos de control y la oposición, no es otro que un escudo legal para la impunidad corporativa, el ocultamiento patrimonial y la profundización de la fuga de capitales.
Mientras el gobierno y la Unidad de Información Financiera (UIF) intentan vender la idea de que se mantienen los estándares contra el lavado de activos y se digitalizan los registros, la letra fría del proyecto revela un vaciamiento de la fiscalización estatal. “Modernizar no significa desproteger, y simplificar no significa desregular”, sentencian en los pasillos del Senado, donde la iniciativa ha generado un cisma al entenderse que su verdadero beneficiario no es la economía real, sino las grandes corporaciones y los estudios jurídicos internacionales.
Sociedades sin dueños y el negocio de la evasión
Uno de los puntos más alarmantes del texto es la incorporación de figuras inéditas como las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) y sociedades operadas por algoritmos o inteligencia artificial, sin personas humanas a cargo. Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), fue contundente al advertir que esta figura es un caballito de Troya para limitar la responsabilidad legal de los empresarios y garantizar la impunidad.
A esto se suma el debilitamiento drástico de los requisitos de capital social mínimo y la eliminación de reservas legales. Con una IGJ despojada de su poder de policía, se facilita la creación de sociedades “fantasma” con capitales irrisorios para blindar patrimonios personales. El proyecto profundiza el fracaso de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS): un modelo que, en la práctica, se ha convertido en la herramienta predilecta para el ocultamiento societario, la evasión impositiva y la emisión de facturas truchas, con empresas que desaparecen del registro apenas consumada su primera operación fraudulenta.
Desprotección total y justicia en el extranjero
La reforma no solo protege a los defraudadores; también deja a la intemperie a los actores más vulnerables. El texto elimina normas históricas que protegían a socios minoritarios, herederos forzosos y terceros que contratan con la empresa.
Pero el golpe de gracia a la soberanía jurídica llega con la habilitación de arbitrajes y jurisdicciones extranjeras para resolver conflictos internos. Esto significa que un socio minoritario o un heredero podría verse obligado a litigar en plazas offshore como Delaware (Estados Unidos). El objetivo es claro: encarecer y hacer inviable el acceso a la justicia local, dejando a los pequeños accionistas en la más absoluta indefensión.
La fuga de 436.000 millones y el fantasma de Basualdo
El contraste entre el proyecto de Sturzenegger y las necesidades estructurales de la Argentina es abismal. Como expuso Horacio Verbitsky este domingo en “El Cohete a la Luna” desde el golpe cívico-militar de 1976 hasta el año pasado, el país sufrió la fuga de 436.000 millones de dólares, una cifra equivalente a un PBI y medio. En proporción al tamaño de la economía, esto triplica lo ocurrido en Brasil. Este saqueo agravó exponencialmente el endeudamiento externo —iniciado con el macrismo— y consolidó la restricción externa de nuestra economía bimonetaria.
La institucionalización de los grupos económicos dentro de la ley de sociedades es una deuda pendiente e imprescindible. El pionero en esta materia fue el economista e historiador Eduardo Basualdo —fallecido en 2024 a los 79 años—, quien junto a Daniel Azpiazu, Miguel Khavisse y Pablo Manzanelli, entre otros, trabajó incansablemente para entender los desafíos del pueblo argentino. Basualdo, creador y director del área de Economía y Tecnología de FLACSO, dejó borradores de un proyecto de ley que buscaba regular a los grupos económicos, inexistentes para la ley actual pero fundamentales en la realidad.
Mientras la reforma oficialista reduce los controles, el enfoque de Basualdo proponía incrementar la fiscalización y delimitar la actividad de las sociedades offshore en guaridas fiscales. Regular los grupos económicos permitiría atacar de raíz las maniobras de evasión, las triangulaciones de comercio exterior, la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones mediante la manipulación de precios de transferencia.
Alemania sancionó una ley en este sentido en 1975, y fue seguida por Portugal, Italia, Suiza, España, Noruega, Francia, Brasil, México, Colombia y Chile. En la Argentina, aplicar esta lógica permitiría reorientar el excedente hacia la inversión productiva, aliviar las cuentas públicas sin crear nuevos impuestos e interrumpir el círculo vicioso de evasión, fuga, crisis y endeudamiento.
El costo social: PyMs destruidas y el privilegio del 1%
La falta de control sobre los grandes grupos económicos tiene un costo social devastador. Desde que asumió Javier Milei, más de 30.000 PyMs han cerrado sus puertas, asfixiadas por un modelo que concentra la riqueza y socializa las pérdidas. La carga impositiva y económica recae desproporcionadamente sobre las PyMs, la clase media y los trabajadores, mientras los grandes grupos operan en las sombras.
Un dato que el oficialismo intenta ocultar es que la Argentina se encuentra entre los cinco países del mundo con mayor cantidad de dólares en guaridas fiscales. Lo que se fuga no es el consumo de los dueños de las mayores empresas, sino la inversión, lo que genera las tensiones cambiarias que disparan la inflación. Investigaciones globales como los Pandora Papers revelaron que nueve de las diez familias más ricas del país figuran con sociedades y fideicomisos offshore.
Ante la inminencia de este debate, los sectores críticos ya se preparan para salir al paso de las previsibles campañas de desinformación oficialista, las mismas que se utilizaron para demonizar el impuesto extraordinario a las grandes fortunas impulsado por el diputado Máximo Kirchner. La realidad es que la institucionalización de los grupos económicos y la regulación de los sectores más concentrados solo afectará al 3% de las empresas argentinas: aquellas que más ganan y menos pagan.
El gobierno tiene la oportunidad de elegir entre seguir profundizando un modelo de saqueo y desregulación que hunde al país, o retomar el camino de la institucionalidad, la justicia fiscal y el desarrollo productivo. Por ahora, con la reforma de la Ley de Sociedades, han elegido lo primero.
