Un informe de LABORATORIO 2.9.20 ubicó a la provincia en el último lugar de la región. Declaraciones juradas secretas, salarios políticos que desaparecieron de las liquidaciones y la inexistencia de una oficina anticorrupción configuran un sistema diseñado para proteger a los gobernantes y esconder el “capitalismo familiar de Estado”.
La opacidad no es un accidente administrativo; es una forma deliberada de organizar el poder. Concentrar la información en quienes toman las decisiones dificulta la vigilancia social y permite que la distribución de cargos, ingresos e influencias transcurra lejos del escrutinio público. Bajo esta lógica, Río Negro se ha consolidado como el territorio más hermético de la región.
Así lo demuestra el Índice Patagónico de Transparencia del Poder, presentado el pasado 10 de marzo por “LABORATORIO 2.9.20”, bajo la dirección de Gonzalo Santos. El relevamiento permitió comparar las estructuras de rendición de cuentas con una regla común y el veredicto para la provincia gobernada por Alberto Weretilneck fue contundente: 12 puntos sobre 100.
La radiografía comparativa deja a Río Negro en un aislado último puesto, muy lejos de sus pares regionales. Mientras Tierra del Fuego alcanzó la puntuación perfecta (100), Chubut obtuvo 87, Santa Cruz 61 y Neuquén 37. La brecha no es una mera diferencia de gestión; es un abismo democrático.
El triple cerrojo de la impunidad
La administración rionegrina reunió tres características simultáneas que la convirtieron en la única de las cinco jurisdicciones analizadas en combinar este nivel de hermetismo: patrimonio de funcionarios inaccesible, salarios políticos opacos y ausencia de una oficina anticorrupción específica. Un sistema que, en los hechos, protege a quienes gobiernan y desarma la capacidad ciudadana de controlarlos.
Patrimonio bajo llave y asimetría estatal
La Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas patrimoniales. Sin embargo, su artículo 16 ordena al Tribunal de Cuentas preservar la confidencialidad de esos datos, cerrando la puerta a la consulta ciudadana ordinaria.
Aquí reside la hipocresía legal: el mismo cuerpo normativo, en su artículo 17, permite publicar voluntariamente las remuneraciones y declaraciones en el Boletín Oficial sin cargo. Los funcionarios tienen la vía legal para mostrar su patrimonio, pero la publicidad depende de una decisión política que, en Río Negro, es negativa.
El resultado es una desigualdad política flagrante: el Estado exige datos sobre los ingresos y bienes de la sociedad, mientras la ciudadanía encuentra barreras infranqueables para conocer la renta de sus gobernantes. El vecino que financia al Estado debe depender de una filtración o de una reconstrucción periodística para saber con qué bienes entra un funcionario al gobierno y con cuáles sale. Saber esto es la base para detectar enriquecimiento ilícito; ocultarlo traslada esa capacidad de control desde la sociedad hacia un pequeño círculo de autoridades.
Un borrón en los salarios políticos
Si el patrimonio está bajo llave, los salarios simplemente desaparecieron. La investigación de 2.9.20 comprobó que, desde mediados de 2024, los haberes de ministros, secretarios, subsecretarios y directores del Ejecutivo dejaron de identificarse en las liquidaciones públicas.
Este retroceso, registrado en el área de Función Pública bajo la órbita de Tania Lastra durante la gestión de Weretilneck, no es un error de sistema. El salario de un funcionario integra el costo de gobernar. Cuando el dato se oculta, la sociedad pierde la herramienta para evaluar cómo se distribuyen los recursos. Mientras los ingresos de trabajadores públicos y privados son objeto de debate permanente, la renta política rionegrina queda resguardada detrás de una administración que dificulta saber cuánto perciben sus autoridades.
El vacío institucional
La tercera barrera es estructural. Río Negro cuenta con una Fiscalía de Investigaciones Administrativas, pero brilla por su ausencia una oficina específica de integridad o anticorrupción. Otras provincias dieron el salto institucional: Tierra del Fuego cuenta con una Oficina de Ética Pública y Chubut con una Oficina Anticorrupción. La organización del control responde a decisiones políticas, y en Río Negro, la decisión ha sido no crear instancias que amplíen las herramientas para examinar al gobierno.
El “capitalismo familiar de Estado”
El desglose del índice es demoledor: Río Negro obtuvo cero puntos en declaraciones juradas, cero en salarios políticos, cero en organismos de integridad, y apenas 12 por disponibilidad parcial de información institucional.
Este resultado sostiene y visibiliza lo que el informe define como “capitalismo familiar de Estado”: una dinámica donde la cercanía personal, familiar o política con el vértice del gobierno facilita el acceso a cargos y espacios de influencia. La opacidad es el lubricante de este modelo, ya que reduce las posibilidades de observar quién accede, cuánto recibe y cómo evoluciona su patrimonio.
Alberto Weretilneck debe responder por esta arquitectura institucional. Impulsar la apertura de las declaraciones juradas, publicar las remuneraciones políticas y fortalecer los controles especializados son decisiones de gobierno que hoy se niegan. El último puesto patagónico no es solo un número; identifica una responsabilidad política ineludible: cuánto está dispuesto el poder a mostrar de sí mismo.
La democracia exige que quienes gobiernan puedan ser medidos por la sociedad que los sostiene. En Río Negro, la ecuación se ha invertido: el poder exige información hacia abajo y preserva oscuridad hacia arriba. Ese privilegio es, precisamente, el modelo que LABORATORIO 2.9.20 pone en discusión y que la ciudadanía rionegrina ya no puede seguir tolerando.
