El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares. Pero el dato político más importante quizás no sea ese, sino el orden en que ocurrió todo.
(El Cohete a la Luna).- La revisión debía aprobarse en enero. Recién el 14 de abril, Kristalina Georgieva salió a anunciar que había acuerdo con la Argentina, aun antes de que estuviera cerrada y publicada toda la ingeniería técnica. No fue casual. Georgieva conduce un organismo donde Estados Unidos tiene el peso decisivo y Washington venía empujando políticamente el sostén a Javier Milei. Primero apareció entonces la señal política, después vino la burocracia técnica.
Recién ahora el board terminó firmando formalmente la continuidad del programa argentino. La segunda revisión del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional terminó dejando algo más profundo que un desembolso de 1.000 millones de dólares. El documento técnico del staff terminó funcionando como una radiografía política del gobierno de Javier Milei. Y también como una radiografía de la mirada que el organismo tiene sobre la democracia argentina.
Durante meses el gobierno intentó presentar la relación con el Fondo como una validación técnica de su programa económico. El staff level agreement muestra otra cosa. El FMI no está discutiendo solamente metas fiscales, reservas o inflación. Está evaluando capacidad de disciplinamiento político y social. El problema central ya no aparece únicamente como económico. Aparece como electoral.
El informe repite varias veces la misma idea: la incertidumbre política de 2025 ralentizó el programa. La dolarización previa a las elecciones legislativas provocó salida de reservas, tensó el mercado cambiario y obligó a endurecer las condiciones monetarias. El Fondo directamente atribuye el incumplimiento de la meta de reservas a la cobertura electoral de empresas y ahorristas antes de las elecciones de medio término.
Ahí aparece el núcleo político del documento. El Fondo no describe las elecciones como parte normal del funcionamiento democrático. Las describe como un factor de inestabilidad económica. El calendario electoral aparece tratado casi como una anomalía del programa.
El texto es explícito. Dice que “las incertidumbres políticas antes de las elecciones presidenciales de 2027 podrían provocar salida de capitales y ralentizar o revertir el impulso reformista”. No es una interpretación. Está escrito así.
La definición tiene un trasfondo delicado. Porque si las elecciones son consideradas un riesgo sistémico para el programa, entonces la propia lógica democrática empieza a ser vista como una amenaza para la estabilidad financiera. El problema deja de ser la macroeconomía. El problema pasa a ser la posibilidad de que la sociedad vote otra cosa.
El Fondo incluso reconoce que la continuidad del programa depende de “mantener apoyo social y político”. Otra vez: el centro ya no es económico. El verdadero interrogante es cuánto ajuste puede tolerar la sociedad argentina antes de que aparezca una reacción política que altere el rumbo.
La escena remite a una vieja obsesión de los organismos financieros internacionales en América Latina. La gobernabilidad entendida no como ampliación democrática sino como capacidad de administrar el conflicto social sin alterar el programa económico. Como si las urnas fueran un ruido del sistema. Una interferencia sobre la racionalidad técnica.
El documento constituye además un fuerte espaldarazo político para Javier Milei. El FMI valida formalmente el cambio de régimen económico hacia un modelo de apertura comercial, desregulación y centralidad absoluta del mercado. Habla de “progreso impresionante” en materia de reformas laborales, fiscales y comerciales. Celebra la flexibilización económica, la apertura y el avance del RIGI.
Pero ese respaldo convive con otra definición menos tranquilizadora: el programa sigue bajo “riesgos elevados”. El staff admite que la Argentina todavía tiene reservas frágiles, acceso restringido a los mercados y necesidades de financiamiento muy altas. La capacidad de repago continúa bajo amenaza.
Ahí aparece una contradicción importante. El Fondo sostiene políticamente a Milei incluso reconociendo que el programa todavía no resolvió su principal vulnerabilidad estructural: la deuda externa.
El documento admite que la meta de acumulación de reservas internacionales fue incumplida por unos 10.000 millones de dólares respecto de lo pactado. El organismo otorgó igual un waiver y habilitó el desembolso. Pero dejó asentado que el incumplimiento se produjo por la dolarización previa a las elecciones legislativas.
La secuencia es importante. El Fondo reconoce que el programa no alcanzó una meta central. Reconoce además que el problema se agravó por razones políticas y electorales. Y aun así sostiene el acuerdo y profundiza el respaldo al gobierno. El mensaje implícito es claro: para Washington y el FMI, Milei sigue siendo la herramienta política elegida para intentar consolidar un nuevo régimen económico en la Argentina.
El texto también muestra hasta qué punto el programa depende de financiamiento extraordinario y mecanismos transitorios para sostenerse. El gobierno aparece apoyándose en repos del Banco Central con bancos internacionales, préstamos garantizados, reapertura parcial del mercado de deuda, swaps y emisiones en dólares.
Pero hay un dato todavía más sensible. El Fondo menciona explícitamente la asistencia extraordinaria del Tesoro norteamericano mediante el Exchange Stabilization Fund. No es un detalle menor. Ese tipo de respaldo no suele aparecer en programas rutinarios. El staff reconoce que la incertidumbre electoral obligó a activar apoyo financiero excepcional desde Estados Unidos.
La tutela aparece entonces ya sin demasiados disfraces. Primero Georgieva anunció políticamente el acuerdo antes de que estuviera cerrada toda la ingeniería técnica. Después apareció el board. Y finalmente el staff terminó explicitando el respaldo geopolítico norteamericano al programa libertario.
El informe también deja ver cuáles son las próximas exigencias estructurales. Más reducción de subsidios energéticos. Reforma previsional. Reforma tributaria. Mayor flexibilización laboral. Ajuste sobre provincias. Profundización de privatizaciones y apertura comercial.
El Fondo insiste especialmente sobre subsidios energéticos y gasto social. El texto señala que las autoridades están comprometidas a sostener el equilibrio fiscal mediante “nuevas reducciones de subsidios energéticos”, “mejor focalización” de transferencias sociales y contención del gasto discrecional para compensar “iniciativas de gasto del Congreso”.
La frase parece técnica. Pero tiene un contenido político mucho más profundo. Porque el organismo presenta las decisiones del Parlamento —es decir, de los representantes elegidos por el voto— como un problema que debe ser neutralizado para sostener el programa económico.
Ahí aparece otro rasgo inquietante del documento. El Congreso es tratado como un factor perturbador del equilibrio fiscal. Las leyes votadas democráticamente son descriptas como amenazas potenciales para la sustentabilidad del acuerdo. La división de poderes queda subordinada al cumplimiento de metas financieras.
No hace falta exagerar para advertir los tintes problemáticos de esa lógica. El Fondo no está proponiendo cerrar el Congreso. Pero sí deja entrever una concepción donde las decisiones parlamentarias sólo son aceptables mientras no alteren el sendero pactado con el organismo. La democracia aparece condicionada por el programa financiero.
El razonamiento es casi circular. Si las elecciones generan incertidumbre y el Congreso genera gasto, entonces la estabilidad dependería de limitar la capacidad de ambos para modificar el rumbo económico. Como si el programa necesitara una democracia de baja intensidad para funcionar sin sobresaltos.
La Argentina conoce bastante bien esa tensión. La convertibilidad también construyó durante los ’90 un esquema donde la política quedó subordinada a un régimen financiero rígido. Mientras entraban dólares, el mecanismo parecía estable. Cuando los dólares dejaron de entrar, el problema dejó de ser técnico y pasó a ser social. El sistema terminó chocando contra la realidad material de una economía periférica que no podía sostener indefinidamente ese esquema de valorización financiera.
Ahora reaparece una escena parecida, aunque con otros instrumentos. El Fondo apuesta a que Vaca Muerta, minería, agro y el RIGI generen una ola de inversiones capaz de compensar la fragilidad externa. El informe habla de proyectos aprobados por 28.000 millones de dólares bajo el régimen de incentivos.
Pero el propio staff reconoce simultáneamente que la recuperación es muy desigual. Energía, minería y finanzas avanzan. Construcción y manufactura quedan rezagadas. Suben desempleo e informalidad. La economía crece más por sectores primarios y financieros que por expansión homogénea del tejido productivo.
Es la vieja estructura desequilibrada argentina, reapareciendo bajo formas nuevas. Los sectores generadores de divisas avanzan. El mercado interno se enfría. El Fondo celebra la apertura y el orden fiscal mientras admite que la sustentabilidad política del programa depende de contener los costos sociales de esa misma transformación.
En ese contexto apareció además otra señal política significativa. El diputado nacional Guillermo Michel advirtió públicamente que el Fondo “sigue insistiendo con la eliminación del monotributo”. La observación apunta a otro costado sensible de la reforma tributaria que impulsa el organismo. El staff plantea simplificar el sistema, ampliar bases imponibles y reducir regímenes especiales. Detrás de esa discusión aparece nuevamente la tensión entre formalización fiscal y capacidad real de supervivencia de millones de trabajadores precarizados. La Argentina del monotributo no nació por exceso de modernidad tributaria. Nació como adaptación social al deterioro estructural del empleo formal.
El problema de fondo entonces no es solamente financiero. Es político y social. El Fondo parece asumir que el éxito del programa dependerá de que Milei logre atravesar dos elecciones consecutivas sin que se fracture el consenso social mínimo que todavía sostiene el ajuste.
Y ahí queda flotando una pregunta incómoda que el propio documento deja abierta, sin formularla directamente. Si el proceso electoral constituye semejante amenaza para el programa, si las elecciones generan dolarización, salida de capitales y fragilidad financiera, entonces: ¿hasta dónde puede convivir este esquema económico con la dinámica democrática argentina?
La pregunta no es conspirativa. Surge del propio texto del Fondo. Porque cuando el calendario electoral empieza a ser tratado como un riesgo macroeconómico permanente, la política deja de ser soberanía popular y empieza a convertirse en variable de administración financiera.
La democracia argentina ya atravesó otras épocas donde el poder económico miraba las urnas con desconfianza. Cada vez que eso ocurrió, la estabilidad terminó pareciéndose demasiado a una sala de terapia intensiva: silencio, inmovilidad y respiración asistida desde afuera.
Fragmento de la nota central de “El Cohete a la Luna”, de autoría de Lucka Glezer
