El país vive una jornada de alta tensión política y social tras el endurecimiento de las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. El saldo provisional deja más de 120 personas detenidas, un número indeterminado de heridos y 32 bloqueos de carreteras reportados en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, según la Administradora Boliviana de Caminos (ABC).
Enfrentamientos en el centro neurálgico del poder
Este lunes, las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB), junto a federaciones de fabriles, maestros rurales y organizaciones campesinas, derivaron en actos de violencia cuando manifestantes intentaron ingresar a la Plaza Murillo, sede de los poderes del Estado.
La Policía Nacional respondió con balines y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, lo que generó una reacción inmediata de los protestantes. Como resultado, se registraron daños en instituciones como el Tribunal de Justicia, donde se rompieron vidrios y se quemaron documentos y mobiliario. Asimismo, detrás de las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), manifestantes incendiaron un vehículo policial y una motocicleta en señal de rechazo a la represión.
Criminalización de la protesta: órdenes de aprehensión
En medio del conflicto, el gobierno denunció ante la justicia los presuntos delitos de “alzamiento armado” y “terrorismo”. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, adelantó que ya existen mandamientos de aprehensión contra dirigentes sociales acusados de instar a la toma de armas.
Pocas horas después, el fiscal general, Roger Mariaca, anunció desde Santa Cruz una orden de aprehensión contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, así como la apertura de 11 procesos penales que involucran a 94 personas, principalmente líderes de organizaciones sociales y campesinas.
La medida fue rechazada por el vicepresidente Edman Lara, quien pidió al presidente Paz evitar “gobernar persiguiendo o encarcelando a quien piensa distinto” y a quien “protesta porque tiene hambre”.
Reacciones políticas y divisiones internas
El expresidente Evo Morales Ayma se pronunció a través de su cuenta en X, denunciando que el gobierno “está reprimiendo con fuerzas policiales y militares a miles de bolivianos que protestan contra el modelo neoliberal y estado colonial”. Morales expresó su solidaridad con los detenidos y calificó la orden contra Argollo como parte de una “brutal persecución” para “aplacar la sublevación popular”.
Internamente, el movimiento social mostró grietas: vecinos de El Alto ingresaron a la sede de la Central Obrera Regional (COB) acusando a algunos dirigentes de “traición” a la causa popular que demanda la renuncia de Paz Pereira.
Paros indefinidos y bloqueo del transporte
La conflictividad se extiende al transporte público. La Federación Andina de Choferes 1ro de Mayo de El Alto anunció un paro indefinido con bloqueos en toda la ciudad y carreteras a partir de las 00:00 del martes 19 de mayo. La medida, que busca exigir la renuncia del presidente, incluye también la suspensión del pago de deudas bancarias por parte de los transportistas afiliados.
Por su parte, la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, tras una marcha de protesta, sumó su voz al clamor nacional: “No tiene capacidad para resolver problemas”, afirmaron sus dirigentes al demandar la dimisión del mandatario.
Escenario incierto
Con más de 32 puntos de bloqueo reportados, la presión sobre el gobierno de Rodrigo Paz Pereira se intensifica. Mientras el Ejecutivo apuesta por la vía judicial para desarticular las protestas, las organizaciones sociales mantienen su movilización y exigen una salida política a la crisis. La situación permanece en desarrollo, con llamados al diálogo que, hasta el momento, no han logrado frenar la escalada de tensiones en el país.
