El amparo colectivo que consiguió que la Corte Suprema suspendiera provisoriamente el artículo 154 del DNU 70/2023 incorporó nuevos hechos y pruebas. Los demandantes apuntan contra el emprendimiento Baguales, operaciones vinculadas a fondos de Emiratos Árabes Unidos y otras adquisiciones de grandes extensiones de tierras. También advierten sobre el impacto en los territorios de las comunidades mapuches.
La disputa por la extranjerización de tierras en la Patagonia sumó un nuevo capítulo judicial. Los impulsores del amparo colectivo que consiguió frenar provisoriamente la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023 presentaron una ampliación de la demanda ante la Justicia Federal de Bariloche. El escrito incorpora nuevas pruebas y solicita que se investiguen operaciones inmobiliarias vinculadas a capitales extranjeros, con especial atención sobre grandes extensiones de la cordillera rionegrina.
La presentación fue realizada esta semana en el expediente “Asociación Civil Árbol de Pie y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo Colectivo”, una causa iniciada a fines de 2023 por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lof Lafkenche y Lofche Fvta Anekon y la legisladora Magdalena Odarda.
El proceso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso la suspensión provisoria del artículo 154 del DNU firmado por el presidente Javier Milei, mediante el cual se derogaba la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Posteriormente, el máximo tribunal devolvió las actuaciones al juzgado federal de Bariloche.
Ahora, los amparistas solicitan que se mantenga vigente esa protección mientras se resuelve la cuestión de fondo y reclaman que se incorporen nuevos elementos para dimensionar lo que consideran un avance de intereses económicos extranjeros sobre territorios estratégicos de la Patagonia.
Baguales, Qatar y las operaciones de Emiratos
Uno de los principales focos de la ampliación es Baguales Mountain Reserve, un emprendimiento de aproximadamente 20.000 hectáreas ubicado en la cordillera rionegrina, dentro del departamento Bariloche, y vinculado a capitales de la familia real de Qatar.
Los demandantes ponen especial atención en la autorización otorgada a Río Villegas S.A.U. para utilizar el agua del arroyo Baguales mediante tres centrales hidroeléctricas privadas, bajo una concesión de 30 años.
La presentación cuestiona que no existirían garantías suficientes de evaluación ambiental, participación ciudadana y control legislativo sobre las consecuencias que el proyecto podría tener en los bosques, humedales y cursos de agua de la zona.
El segundo caso incorporado tiene como antecedente un juicio oral realizado en Bariloche. Allí, en abril, Hugo Alberto Barabucci declaró haber recibido una donación de aproximadamente dos millones de dólares del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos para adquirir cerca de 19.269 hectáreas en la zona de Alto Río Chubut, próxima al cerro Carreras.
A partir de ese testimonio, los amparistas solicitaron incorporar el registro audiovisual de la audiencia judicial y reclamaron investigar quiénes serían los verdaderos beneficiarios de la operación.
La sospecha planteada es que la adquisición podría haberse realizado mediante una persona interpuesta para eludir las restricciones establecidas por la Ley de Tierras. También relacionan esta operación con los conflictos territoriales que atraviesan las comunidades mapuches de esa región.
Un territorio que ya superaba los límites legales
De acuerdo con los datos difundidos por Magdalena Odarda, la situación del departamento Bariloche ya presentaba indicadores preocupantes antes de la derogación cuestionada: en 2017, el 21,53 % de la superficie rural estaba en manos extranjeras, superando ampliamente el límite del 15 % establecido por la Ley 26.737.
Para los demandantes, eliminar esa normativa nacional dejaría sin sustento herramientas fundamentales para controlar la concentración y extranjerización de tierras, además de debilitar los mecanismos de protección territorial existentes en las provincias.
Como muestra del interés inmobiliario que podría despertar la eliminación de esas restricciones, incorporaron también una publicidad de una inmobiliaria de Chubut que ofrecía casi 3.000 hectáreas con lago, cascada y acceso al río Pico, destacando las nuevas oportunidades para compradores extranjeros.
El planteo judicial no se limita a las operaciones cordilleranas. También incorpora la situación del aeropuerto privado de Joe Lewis en la costa atlántica rionegrina, cuya propiedad habría sido transferida a una sociedad con participación de capitales de Emiratos Árabes Unidos, según la documentación presentada por los demandantes.
Comunidades indígenas y territorios en disputa
La ampliación del amparo también vuelve a poner en primer plano los reclamos de las comunidades Lof Lafkenche y Lofche Fvta Anekon, integrantes de la acción judicial, que exigen reconocimiento y protección de sus territorios ancestrales.
Los amparistas advierten que el avance de los grandes intereses inmobiliarios se produce en un contexto de debilitamiento de las herramientas de protección indígena, particularmente tras la derogación de la Ley 26.160, que había declarado la emergencia territorial de las comunidades indígenas y suspendido los desalojos de las tierras tradicionalmente ocupadas.
La preocupación, por lo tanto, excede la discusión sobre la titularidad de determinadas propiedades. El planteo involucra el acceso al agua, la protección de los recursos naturales, la soberanía territorial y los derechos de las comunidades que habitan históricamente esos espacios.
La Justicia deberá resolver sobre las nuevas pruebas
La ampliación de la demanda vuelve a colocar bajo análisis judicial una serie de operaciones inmobiliarias y emprendimientos que fueron objeto de controversias públicas durante los últimos meses.
Entre ellos figuran la visita del emir de Abu Dhabi en febrero, el caso Baguales, los vínculos con capitales qataríes y el testimonio de Barabucci sobre los fondos provenientes de Emiratos Árabes Unidos, episodios que fueron documentados por el medio Bache3000.
Con el expediente nuevamente en el juzgado federal de Bariloche, la Justicia deberá resolver sobre la legitimación de los actores, la continuidad de la medida cautelar y la admisión de las nuevas pruebas ofrecidas.
Mientras tanto, permanece vigente la suspensión provisoria dispuesta por la Corte Suprema sobre el artículo 154 del DNU 70/2023.
La discusión de fondo sigue abierta: ¿hasta dónde puede avanzar la concentración de tierras en manos de capitales extranjeros en una región donde el agua, los recursos naturales y los territorios ancestrales representan también una cuestión de soberanía?
