La brecha entre el discurso oficial y la práctica de quienes gobiernan acaba de alcanzar un nuevo y obsceno récord. El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el mismo funcionario que semana tras semana se para frente a las cámaras para pedirle a los argentinos que confíen en el sistema financiero local, que repatrien sus ahorros y que apuesten al peso, acaba de declarar una fortuna personal de 13,5 millones de dólares, un incremento del 40% en un solo año. Sí: mientras el ajuste asfixia a millones, el patrimonio del arquitecto de ese ajuste crece a una velocidad que cualquier mortal envidiaría.
Los datos, expuestos públicamente por el periodista Alejandro Vercobich, desnudan una contradicción tan grosera que resultaría cómica si no fuera trágica.
Gasta seis veces lo que cobra
Caputo declara gastos mensuales de aproximadamente 24 millones de pesos. La cifra, por sí sola, ya es un bofetón al contribuyente medio. Pero lo verdaderamente escandaloso es que ese monto equivale a seis veces su salario como ministro. La cuenta es elemental: al dividir sus gastos anuales no deducibles y personales por los doce meses del año, el resultado es inapelable. ¿De dónde sale la diferencia? El ministro no lo explica. Tampoco parece importarle que alguien se lo pregunte.
Dos tercios de su fortuna, lejos de la Argentina que dice salvar
Aquí es donde la hipocresía alcanza su punto de ebullición. Caputo, el hombre que diseña la política económica del país, mantiene dos tercios de su patrimonio en el extranjero. Declara depósitos por 8.650.000 dólares distribuidos en nueve cuentas distintas fuera de la Argentina, además de acciones y bonos en plazas internacionales. Nueve cuentas. No una, no dos: nueve. La diversificación de un hombre que le dice al resto de los argentinos que el lugar seguro para su dinero está en el banco de la esquina.
La mayor variación patrimonial del ministro se concentra precisamente en una de esas cuentas offshore, que pasó de 4.018 millones de pesos a principios de 2025 a 11.738 millones de pesos al cierre del ejercicio. Un crecimiento explosivo que, casualmente, coincide con el período en que millones de argentinos vieron licuarse sus ingresos reales.
El misterio de la Isla de Man y la ley que Caputo ignora
Pero hay algo peor que la contradicción: el posible incumplimiento de la ley. En su declaración jurada inicial, al asumir el cargo, Caputo detalló que parte de su fortuna estaba radicada en la Isla de Man, un reconocido paraíso fiscal dependiente de la Corona británica. Sin embargo, tanto en su declaración de 2024 como en la flamante de 2025, omitió deliberadamente el detalle de la ubicación de sus fondos en el exterior, una exigencia explícita de la Ley de Ética Pública que el ministro simplemente decide no cumplir.
¿Olvido? Difícil de creer para un hombre cuya profesión es administrar cifras. Más bien parece una decisión calculada: mostrar lo justo y necesario, esconder lo que conviene. Y para colmo, la Casa Rosada le concedió un mes extra de plazo —un “changui” cortesía de la gestión— para presentar esta declaración. Ni siquiera con tiempo de sobra el ministro fue capaz de cumplir con la transparencia que la ley le exige.
El inventario del lujo discreto
El resto de la declaración es un catálogo de confort que no desentona con el perfil de un funcionario que llegó al poder prometiendo sacrificio ajeno. Los inmuebles son los mismos del año anterior: un departamento en Recoleta (su vivienda más cara), tres cocheras, un lote en Benavídez, otro en un country de Villa La Angostura y un campo en Alberti. El valor declarado de esas propiedades subió casi 500.000 dólares en doce meses.
En cuanto a vehículos, Caputo no se privó de nada: un yate, un gomón, un Volvo XC90, dos Kia Carnival —esas camionetas enormes que consumen combustible como si la nafta fuera gratis— y un cuatriciclo. Todo declarado, todo intacto, todo ajeno a la realidad de un país donde millones no llegan a fin de mes.
Lo que se ve y lo que se sospecha
Y aquí reside la pregunta más incómoda de todas: esto es apenas lo que Caputo decide hacer público. La declaración jurada es, por definición, un acto de fe del ciudadano en la honestidad del declarante. ¿Existe otro patrimonio oculto que no figura en estos papeles? La historia reciente de la política argentina sugiere que la prudencia obliga, al menos, a sospecharlo.
Lo que queda claro, con la fuerza de los números, es que el ministro de Economía de la Nación vive en una realidad paralela a la que les impone a los argentinos. Les pide austeridad mientras su fortuna crece un 40% en un año. Les pide confianza en los bancos locales mientras él refugia millones en nueve cuentas offshore. Les pide transparencia mientras viola la Ley de Ética Pública omitiendo la ubicación de su dinero en paraísos fiscales.
La distancia entre el discurso y los hechos ya no es una grieta: es un abismo. Y en el fondo de ese abismo yace la credibilidad de un gobierno que le exige al pueblo lo que sus propios funcionarios se niegan a practicar.
