Documentación oficial revela que el DPA autorizó tres centrales sobre el arroyo Baguales por 30 años sin pasar por la Legislatura. Apuntan a posibles violaciones al Código de Aguas, falta de controles ambientales y cesión de recursos estratégicos a intereses privados extranjeros.
El proyecto Baguales volvió a quedar en el centro de la polémica en la provincia de Río Negro tras la aparición de documentación oficial que expone la autorización de tres centrales hidroeléctricas en plena cordillera, sobre tierras vinculadas a capitales qataríes. La habilitación fue otorgada en enero de 2025 por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) mediante la Resolución 75/2025, sin intervención previa de la Legislatura, lo que encendió fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos.
Según consta en el Boletín Oficial N° 6357 del 23 de enero de 2025, el gobierno encabezado por Alberto Weretilneck otorgó a la firma Río Villegas S.A.U. el permiso para el uso de agua pública con fines de generación eléctrica privada. La autorización contempla la construcción de tres centrales —CHiBa I, II y III— que operarán dentro de una parcela privada utilizando caudales del arroyo Baguales exclusivamente para abastecer un emprendimiento propio.
El punto más crítico radica en que, de acuerdo con la normativa provincial vigente, cualquier desarrollo hidroeléctrico debe ser aprobado mediante una ley específica. Sin embargo, la concesión fue otorgada por vía administrativa, sin tratamiento legislativo, lo que podría configurar una violación directa al Código de Aguas y derivar en una eventual inconstitucionalidad. Pese a ello, el permiso fue concedido por un plazo de 30 años, garantizando el uso exclusivo de un recurso público estratégico.
El proyecto se emplaza en una zona de alto valor ambiental, próxima al Parque Nacional Nahuel Huapi, y forma parte de un complejo turístico de alta gama vinculado al empresario qatarí Abdulhadi Mana Al Hajri, integrante del círculo familiar del Emir de Qatar. Las instalaciones se ubican entre los 1.100 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, aprovechando el desnivel natural del terreno para la generación energética destinada únicamente al consumo interno del emprendimiento.
La sociedad beneficiaria, Río Villegas S.A.U., está integrada por Baguales Acquisitions S.A., que reúne al empresario qatarí junto al extenista Gastón Gaudio, quien mantiene vínculos políticos con el expresidente Mauricio Macri. Este entramado refuerza las sospechas sobre la articulación entre intereses privados extranjeros y decisiones políticas a nivel provincial.
A los cuestionamientos legales se suman las denuncias por presuntas irregularidades en el proceso ambiental. De acuerdo con fundamentos presentados en un proyecto legislativo que busca anular la resolución, no se habrían realizado audiencias públicas ni garantizado instancias de participación ciudadana, a pesar de tratarse de un área sensible desde el punto de vista ecológico. Tampoco se habría cumplido con la consulta a comunidades locales en el marco del Convenio 169 de la OIT, ni con las restricciones propias de zonas categorizadas como “rojas” en el ordenamiento territorial de bosques nativos.
El caso también reavivó el debate sobre la creciente concentración de tierras en manos extranjeras en la región cordillerana, con epicentro en zonas como Bariloche, El Bolsón y El Manso. Entre los nombres más resonantes aparece el magnate británico Joe Lewis, propietario de extensas tierras en torno a Lago Escondido, y el propio Al Hajri, vinculado al desarrollo Baguales cercano al Lago Guillelmo.
Como elemento adicional que agrava el escenario, trascendió la confesión del ex polista Hugo Barabucci, quien habría recibido fondos provenientes de Emiratos Árabes Unidos para la compra de miles de hectáreas en zonas de frontera. Este dato encendió alarmas por posibles violaciones a la Ley de Tierras Rurales y eventuales delitos económicos, en un contexto donde distintos organismos provinciales son señalados por su presunta inacción.
En paralelo, también salieron a la luz supuestos vínculos entre el entorno del gobernador Weretilneck y capitales qataríes, a partir de intercambios que involucran al dirigente Juan Pablo Beacon y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, lo que amplía el alcance del escándalo más allá del ámbito energético.
La falta de intervención de organismos clave como la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Gobierno y los entes de control territorial profundiza las dudas sobre la transparencia del proceso. Mientras tanto, el proyecto Baguales se consolida como un nuevo foco de tensión política, institucional y ambiental, con proyección que ya trasciende los límites de la provincia y amenaza con escalar a nivel nacional.
