Representantes de ASSPUR, UnTER, ATE y CTA-A fueron recibidos con hostigamiento y amenazas por un empleado del organismo y un policía cuando intentaban presentar una nota y pedir una audiencia con su titular, Ivana Porro. Las entidades repudiaron el “accionar patoteril” del gobierno de Río Negro, al que acusaron de cerrar las puertas al diálogo, y exigieron garantías democráticas para la libertad sindical.
En una muestra alarmante de intolerancia y autoritarismo, lo que debía ser un trámite institucional de rutina se convirtió en un episodio bochornoso que mancha la democracia rionegrina. El pasado viernes 12 de junio, representantes de ASSPUR, UnTER, ATE y CTA-A concurrieron a la sede del IPROSS con un objetivo tan legítimo como habitual en una república: presentar una nota y solicitar una audiencia con la presidenta del organismo, Ivana Porro. La respuesta del gobierno provincial, una vez más, no fue la institucionalidad, sino la violencia.
Desde ASSPUR, el gremio que nuclea al personal de salud pública, fueron contundentes al desnudar la gravedad de un hecho que debería sonrojar a cualquier funcionario público: “Terminamos haciendo una denuncia penal ya que nos impidieron ingresar. Denunciamos amenazas durante el procedimiento”.
La reflexión que dejaron desde la entidad sindical es un dardo directo a la conscience del oficialismo rionegrino: “En democracia, solicitar una audiencia, presentar una nota o ejercer la representación sindical nunca debería derivar en un episodio de violencia o intimidación”. Y es que el gobierno de Río Negro parece haber olvidado —o decidido ignorar— que el respeto a la libertad sindical y a las instituciones no es una concesión graciable, sino una obligación ineludible del Estado.
Un muro de contención contra los trabajadores
Por su parte, el gremio docente UnTER no ahorró detalles sobre el verdadero operativo montado en las puertas del organismo. Lejos de recibir a los representantes de los trabajadores, un empleado de IPROSS y un oficial de la policía provincial hicieron de muralla humana para negar la entrada a los delegados, recurriendo a los empujones y los maltratos.
“Un trabajador de IPROSS y un oficial de policía nos negaron la entrada mediante acciones violentas, manifestando cumplir la orden de impedirnos el ingreso a un edificio al que tenemos derecho a acceder, no solo como representantes sindicales, sino también como afiliados a la obra social provincial”, denunciaron desde UnTER, calificando la escena como un inaceptable “accionar patoteril”.
La política de la sordera y el portazo
Lo ocurrido en las puertas del IPROSS no es un hecho aislado, ni el exceso de un empleado que se excedió en sus funciones. Es, tal como lo definieron los propios gremios, una “definición política” del gobierno de Río Negro: la de cerrar las puertas, callar las voces y responder con hostigamiento al reclamo de los trabajadores estatales. Transformar la sede de la obra social de los trabajadores en un fortín custodiado por la fuerza pública para evadir el diálogo es una estrategia cobarde que le da la espalda a la clase media provincial.
Ante la fiscalía ya recayó la denuncia penal por las amenazas y los maltratos sufridos. Pero la deuda del gobierno rionegrino es institucional y política. Las centrales sindicales no solo exigen las disculpas de rigor y que se les brinde la audiencia solicitada por los medios adecuados; exigen que se restituya la mínima civilidad democrática.
Porque en una provincia que se precia de sus instituciones, usar a la policía para esquivar a los representantes de sus propios trabajadores no es orden: es un atropello. Y los sindicatos ya dejaron claro que no van a permitir que la violencia se normalice como método de gestión. Exigen diálogo. Exigen respeto. Y, por sobre todas las cosas, exigen que el Estado deje de comportarse como una patota.
