En una clara muestra de desprecio por la división de poderes y los derechos constitucionales, la administración de Alberto Weretilneck decidió activar un sistema de vigilancia biométrica ignorando los fallos que lo declaran inconstitucional. Bajo amenaza de descuentos y sumarios, obliga a los trabajadores a ceder sus rostros y ubicaciones, convirtiendo al Estado provincial en un ente de vigilancia masiva.
Lo que comenzó como una supuesta “modernización” del control de presentismo se ha transformado en una pesadilla distópica para los trabajadores de la salud rionegrinos. El Gobierno de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck, ha decidido dar un paso al costado de la legalidad y la Constitución para imponer, a las patadas y bajo coerción, un sistema de control biométrico facial y geolocalización que la propia Justicia provincial había frenado.
El atropello institucional alcanzó su punto más alto a fines de septiembre. El 23 de septiembre, la Cámara Laboral de Viedma suspendió por unanimidad la Resolución N° 986 —que imponía el fichaje facial como única llave válida para demostrar la asistencia—, acogiendo una presentación colectiva del sindicato ASSPUR. Sin embargo, en una maniobra que roza el absurdo y evidencia una peligrosa vocación autoritaria, ese mismo día el Ministerio de Salud emitió una circular ordenando la activación del sistema para el 1 de octubre, haciendo oídos sordos al Poder Judicial.
La coerción como política de Estado
En diálogo con el programa LUVER de FM “La Costa”, la Secretaria General de ASSPUR, Cesira Mullally, desnudó la verdadera naturaleza de esta medida: no se trata de controlar la asistencia, sino de someter a la trabajadora y al trabajador.
“Lo que nosotros cuestionamos es la obligatoriedad de la entrega de los datos biométricos. Es una entrega bajo coerción: si no la entregás, hay apercibimiento, descuentos y sanciones”, denunció Mullally. El Gobierno de Weretilneck se niega a implementar alternativas viables y menos invasivas, como la huella digital, que también impiden que un tercero fiche por otro, pero que no exponen el rostro ni la intimidad geográfica de la persona.
Un sistema ilegal, inconstitucional e irreversible
La postura del sindicato no es un capricho gremial; está blindada por la jurisprudencia. La justicia local, incluyendo fallos de la Cámara de Viedma y del Juzgado de Amparo de General Roca, ha sido contundente. La imposición de este sistema vulnera el derecho constitucional a la autodeterminación informativa, reforzado recientemente por un precedente histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Torres Abad” (2026).
El Gobierno provincial insiste en aplicar artículos de la Ley Nacional de Protección de Datos que han sido declarados inconstitucionales. Exigen el rostro y la ubicación (geolocalización) de los teléfonos personales, invadiendo la privacidad de los trabajadores más allá de su horario y lugar de trabajo. Y lo más grave: el dato biométrico facial es irreversible. Si la base de datos del Estado es hackeada o filtrada, un trabajador no puede cambiarse la cara como se cambia una contraseña. El daño es potencialmente irreparable.
El miedo y la precariedad como herramientas de control
La realidad en los hospitales es desoladora. Mullally reconoció que el miedo paraliza: “Ningún compañero está en condiciones de bancarse uno, dos, cinco días de descuento, menos con los sueldos deplorables que tenemos”. El Gobierno utiliza la precarización salarial como un arma para doblegar la resistencia legal.
A esto se suma el caos operativo: el sistema se instaló parcialmente en hospitales, pero no en los Centros de Atención Primaria (CAP), dejando a miles de trabajadores en un limbo administrativo a merced de la arbitraria interpretación de los directores de cada efector. “Estamos ante un gobierno que hace lo que se le canta y que administra las ilegalidades siempre a su favor”, sentenció la líder gremial, advirtiendo que, pese a la ilegalidad de la medida, el Ejecutivo podría ejecutar descuentos de todos modos.
El “Gran Hermano” rionegrino
Más allá del conflicto laboral, lo que está en juego es el modelo de Estado que Weretilneck quiere dejar como herencia. La expansión de este sistema biométrico a todos los rionegrinos —no solo a los empleados públicos— convierte al Estado en el gran depositario de los datos sensibles de la población.
Como advirtió Mullally con una clara lectura política: “La posesión de los datos otorga poder. En este siglo, la información es capacidad de controlar… y de ganar elecciones en algunos casos”. El Gobierno provincial está construyendo una base de datos de vigilancia masiva, sin explicar qué hace con ella, cómo la protege ni quién la administra, mientras la oposición mira para otro lado.
ASSPUR ha anunciado que agotará todas las instancias judiciales, llegando hasta las últimas consecuencias para defender la Constitución. Pero la imagen ya está instalada: un Gobierno provincial que le teme más al control de su propia ilegalidad que al resguardo de los derechos humanos de quienes cuidan la salud de los rionegrinos.
