La iniciativa enviada al Congreso ofrece estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por 30 años para grandes inversiones vinculadas a la inteligencia artificial y otras industrias de vanguardia. Críticas por el impacto sobre la industria nacional y la soberanía económica.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado “Súper RIGI”, una iniciativa que apunta a atraer capitales extranjeros vinculados principalmente al negocio de la inteligencia artificial, los datacenters, la biotecnología y la producción de semiconductores.
Según publicó el diario Página 12 en una nota firmada por Bernarda Tinetti, el nuevo esquema amplía los beneficios ya contemplados en el RIGI original y otorga ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias extraordinarias para corporaciones multinacionales, además de garantizarles estabilidad normativa durante 30 años.
Entre los principales incentivos figuran la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, exenciones totales de derechos de importación y exportación, libre disponibilidad progresiva de divisas y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal. El proyecto también contempla cláusulas de protección frente a cambios regulatorios y habilita el acceso a tribunales internacionales como el CIADI ante eventuales disputas con el Estado argentino.
El régimen está orientado a actividades consideradas de “vanguardia tecnológica”, como inteligencia artificial, vehículos eléctricos, baterías de litio y paneles solares. Para acceder, las empresas deberán realizar inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares y ejecutar al menos el 20 por ciento de ese monto durante los primeros dos años.
Uno de los puntos más cuestionados es que, a diferencia del RIGI original, el “Súper RIGI” elimina la obligación de contratar proveedores locales, permitiendo a las empresas importar toda su cadena de valor desde el exterior. Especialistas advierten que esto limitaría la generación de empleo y el desarrollo industrial interno.
“Es la ley de datacenters. Un proyecto para darle a las grandes tecnológicas lo que acá no tiene nadie. Energía y trabajo subsidiado”, afirmó el abogado Pablo Cerdan, quien además advirtió sobre el riesgo de litigios internacionales si futuros gobiernos modifican las condiciones acordadas.
Las críticas también llegaron desde la oposición. El diputado Esteban Paulón denunció que el proyecto representa “lobby directo” de empresarios tecnológicos ligados a Silicon Valley y cuestionó que se avance en beneficios extraordinarios para grandes corporaciones mientras las pymes y la industria nacional atraviesan una profunda crisis.
El texto también impacta sobre las provincias y municipios que adhieran al régimen. Las jurisdicciones deberán limitar impuestos locales, eliminar tributos como Sellos y renunciar a nuevos gravámenes vinculados a los proyectos alcanzados. Además, se fija un tope del 0,5 por ciento para Ingresos Brutos y se restringe la posibilidad de aplicar regalías o cánones.
Desde distintos sectores advierten que el esquema implica una fuerte cesión de autonomía fiscal y regulatoria en favor de empresas extranjeras, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a convertir al país en un polo regional para inversiones tecnológicas de gran escala.
