El Gobierno provincial anunció un cronograma para limitar los descuentos a los empleados públicos. Si bien desde ATE lo celebran como un triunfo tras meses de asfixia económica, la oposición denuncia que la “letra chica” de la medida deja a miles de trabajadores a merced de los bancos durante la época más crítica del año, mientras los proyectos de fondo duermen en la Legislatura.
Lo que el Gobierno de Alberto Weretilneck presenta como una respuesta contundente a la crisis de endeudamiento de los empleados públicos, para la oposición no es más que un “alivio a medias” que favorece los tiempos de las entidades financieras. El legislador Luciano Delgado Sempé salió a cuestionar duramente el gradualismo de la gestión provincial para limitar los descuentos salariales, advirtiendo que la decisión deja a miles de familias rionegrinas en una zona de vulnerabilidad extrema durante el cierre de año.
Según el cronograma oficial, el tope a los descuentos que realizan bancos, financieras y mutuales recién llegará a un límite “razonable” del 33% en marzo de 2027. Hasta entonces, el Estado permitirá que en enero se descuenten hasta el 50% del salario, y un 40% en febrero. Sin embargo, el punto más álgido de la crítica reside en lo que el decreto omite: diciembre queda sin un nuevo tope, dejando al Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y a los salarios de fin de año a merced de las acreedores.
“El gobernador anuncia una medida que presenta como una solución para los trabajadores, pero omite decir que durante diciembre no habrá ningún nuevo límite a los descuentos. ¿Qué va a pasar con el aguinaldo de miles de empleados públicos que tienen comprometidos sus ingresos por deudas?”, disparó Delgado Sempé.
Para el parlamentario, esta demora no es más que una prórroga encubierta. “¿Por qué hay que esperar hasta después de las fiestas para proteger los ingresos de los trabajadores? Las familias necesitan respuestas ahora… Estamos hablando de personas que tienen dificultades para comprar alimentos, pagar los servicios y llegar a fin de mes”, sentenció, acusando al Ejecutivo de priorizar la “tranquilidad” de las financieras sobre la supervivencia de los hogares rionegrinos.
19.000 trabajadores hipotecados y proyectos que duermen en la Legislatura
La cifra es elocuente y refleja una crisis silenciosa pero devastadora: cerca de 19.000 empleados públicos provinciales tienen sus haberes comprometidos. Mientras el Ejecutivo aplica un plan de “alivio momentáneo”, el poder legislativo parece mirar para otro lado.
Delgado Sempé recordó con amargura que en abril de este año presentó el proyecto de ley N.º 494/2026 para limitar los descuentos por deudas al 20% del salario neto, junto con una iniciativa de desendeudamiento familiar. Ambas iniciativas continúan pendientes de tratamiento. “Nosotros presentamos una propuesta concreta… Sin embargo, nuestros proyectos siguen esperando tratamiento mientras miles de familias continúan sufriendo descuentos que afectan seriamente su economía”, lamentó el legislador, quien exigió la aplicación inmediata del tope y la protección expresa del aguinaldo.
El gremio celebra con cautela: “Es una decisión que se esperaba con ansias”
En la vereda de enfrente, la realidad gremial pinta un escenario de desesperación que explica el beneplácito de ATE, que en la misma jornada celebró el decreto. Con suspicacia, hay quienes sostienen que, mientrs parece un júbilo inocente, tal vez sea la ayuda que necesita el gobierno para que a los trabajadores se les pase por alto el detall de que en diciembre, el gobierno deje la puerta abierta para que los acreedores cosechen aguinaldos libremente. Lejos de los tiempos legislativos, la conducción provincial del sindicato recibió la noticia tras una reunión con el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, donde habían exigido medidas urgentes. A la par, UPCN se mantiene en silencio, mientras muchos de sus afiliados se encuentran muy endeudados con la mutual de esa entidad, mientras comentan que los intereses son excesivamente altos. Tal vez por eso, no arriesguen críticas que los puedan salpicar.
Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE, no ocultó la gravedad de la situación que los llevó a celebrar un decreto de implementación escalonada: “El plan económico del gobierno nacional hizo que más de 19.000 trabajadores estatales se endeuden en más del 50% de sus ingresos y, en mucho de los casos, en prácticamente su totalidad”. Para el sindicato, la medida es un “alivio momentáneo” ante una asfixia que llevaba a muchos agentes a no ver ni un peso de su sueldo en el bolsillo.
Sin embargo, desde ATE dejaron en claro que la batalla no termina con este decreto. Las nuevas condiciones de empréstito alcanzarán a bancos, financieras, mutuales y gremios, pero el sindicato exige ir por más: topes en las tasas de interés (hoy abusivas), la renegociación de las deudas vigentes y la creación de una instancia de control y monitoreo permanente.
Una solución a medias
La polémica deja al descubierto las tensiones de una economía provincial asfixiante. Mientras el Gobierno de Weretilneck se muestra como un administrador que busca “gradualidad” para no alterar el mercado crediticio, la oposición denuncia una falta de empatía con el trabajador al dejarlo desprotegido en diciembre, y el gremio celebra con cautela cualquier medida que permita a los estatales llevar comida a la mesa. En el medio, 19.000 familias rionegrinas siguen esperando que alguien, de una vez por todas, frene la sangría de sus salarios.
