La iniciativa de la legisladora Magdalena Odarda busca crear una herramienta administrativa y preventiva para combatir la crueldad hacia la fauna, incorporando capacitaciones obligatorias y sanciones para quienes incumplan las disposiciones.
La Legislatura de Río Negro analiza un proyecto para crear el “Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal”, una iniciativa orientada a fortalecer las políticas de prevención y erradicación de la violencia contra los animales en la provincia.
La propuesta fue presentada por la legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, y contempla la inscripción de personas que cuenten con resoluciones firmes en sede administrativa o condenas penales vinculadas a hechos de maltrato y crueldad animal.
Según argumenta el proyecto, la medida surge como respuesta a la “creciente cantidad de intervenciones judiciales y denuncias por crueldad extrema registradas en distintas localidades rionegrinas”, fenómeno que, sostiene, requiere nuevas herramientas institucionales para abordar la problemática.
El texto remarca además la necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma jurídico y ambiental, dejando atrás la concepción de los animales como objetos para reconocerlos como “seres vivos y sintientes”, en línea con las nuevas corrientes del derecho animal y la protección ambiental.
La iniciativa aclara que el registro no tendría fines de exposición pública ni de “escarnio social”, sino que funcionaría como un instrumento administrativo y preventivo. En ese sentido, señala que serviría para facilitar mecanismos de consulta y actuación responsable tanto por parte del Estado como de organizaciones protectoras de animales.
Entre los puntos centrales del proyecto se establece que las personas incorporadas al registro deberán completar, en un plazo máximo de seis meses, un curso obligatorio de sensibilización y formación en derecho y bienestar animal, dictado por especialistas en la temática.
Asimismo, la propuesta prevé sanciones para quienes incumplan con esta obligación formativa. De acuerdo con el texto legislativo, la falta de realización del curso “implicará la pérdida de beneficios impositivos provinciales y/o municipales”.
La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, que trabajaría de manera coordinada con el Ministerio Público para la implementación y actualización del registro, garantizando además el derecho de defensa y el debido proceso de las personas alcanzadas por la normativa.
Con información de Quorum
