La Legislatura provincial aprobó una reforma a la Ley de Ejecución Penal que limita el acceso a salidas transitorias, libertad asistida y otros beneficios para personas condenadas por homicidios, abusos sexuales, secuestros extorsivos y otros delitos de extrema gravedad.
La Legislatura de Río Negro aprobó una modificación a la Ley Provincial de Ejecución Penal que establece mayores restricciones para el acceso a beneficios penitenciarios por parte de personas condenadas por delitos considerados de extrema gravedad, incorporando criterios ya contemplados en la legislación nacional.
La iniciativa fue impulsada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López. Durante la sesión, Pica actuó como miembro informante y explicó que el objetivo de la reforma es adecuar la normativa provincial a las modificaciones introducidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal y reforzar la protección de la sociedad frente a delitos de alto impacto.
La nueva norma incorpora un régimen de excepcionalidad para el acceso a los beneficios comprendidos en el denominado período de prueba. De esta manera, limita la posibilidad de acceder a salidas transitorias, prisión discontinua, semidetención, libertad asistida y otros mecanismos de libertad anticipada para quienes hayan sido condenados por determinados delitos.
Entre los delitos alcanzados por estas restricciones figuran el homicidio simple y agravado, los delitos contra la integridad sexual, el robo agravado, el homicidio en ocasión de robo, la tortura seguida de muerte y el secuestro extorsivo cuando haya provocado el fallecimiento de la víctima.
Durante el debate legislativo, Pica sostuvo que la iniciativa toma como referencia las reformas incorporadas por la Ley Nacional Nº 27.375 y recordó que recientes fallos de la Cámara Federal de Casación Penal ratificaron la constitucionalidad de establecer limitaciones a determinados beneficios penitenciarios en función de la gravedad de los delitos cometidos.
La reforma incorpora además un nuevo capítulo denominado “Excepciones a los beneficios acordados en el período de prueba”, en el que se detallan los delitos alcanzados por las restricciones y se fijan los criterios que deberán considerar los jueces de ejecución al momento de resolver sobre eventuales solicitudes de beneficios.
Asimismo, crea un régimen preparatorio para la liberación destinado a los condenados por los delitos incluidos en estas limitaciones. Este sistema deberá implementarse mediante programas individuales específicos orientados a garantizar la progresividad del tratamiento penitenciario y favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad.
Durante el tratamiento del proyecto, el legislador Santiago Ibarrolaza adelantó el acompañamiento de su bloque y consideró que la reforma aporta mayor seguridad jurídica al sistema de ejecución penal. Señaló que la norma establece criterios claros para la concesión de beneficios penitenciarios y afirmó que la política debe responder a una realidad atravesada por la inseguridad y la demanda social de mayor protección.
Desde el bloque Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé también respaldó la iniciativa, aunque planteó la necesidad de profundizar el debate sobre la situación del sistema penitenciario provincial. En ese sentido, destacó la importancia de ampliar la infraestructura carcelaria, mejorar las condiciones laborales del personal penitenciario y fortalecer los equipos técnicos encargados del seguimiento y tratamiento de los internos.
Por su parte, la legisladora Ofelia Stupenengo sostuvo que la reforma responde a un reclamo legítimo de las víctimas y de la sociedad. Consideró que el proyecto establece límites razonables para delitos de extrema gravedad y remarcó que la finalidad de la pena debe contemplar tanto la reinserción social como la protección de la comunidad.
El cierre del debate estuvo a cargo del presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien destacó las inversiones que el Gobierno provincial viene realizando para fortalecer el sistema de seguridad y penitenciario. Informó que actualmente existen 1.404 personas alojadas en establecimientos penales y 174 detenidos en comisarías, al tiempo que recordó que se encuentran en marcha obras y procesos de ampliación de infraestructura penitenciaria en distintas localidades rionegrinas.
López también subrayó la inversión superior a los 12 millones de dólares destinada a la modernización del sistema de emergencias 911, con la incorporación de nuevas herramientas de monitoreo, videovigilancia e inteligencia artificial. Según indicó, estas medidas forman parte de una estrategia integral que busca fortalecer la prevención del delito y brindar mayores niveles de seguridad a la población de Río Negro.
Con información de QUORUM
