La realización del ejercicio militar “Daga del Atlántico” en Córdoba, con participación de fuerzas estadounidenses y autorización por decreto presidencial, provocó un fuerte rechazo político y social. Organismos de derechos humanos, excombatientes de Malvinas y sectores de la oposición denuncian una “profanación” de espacios vinculados al terrorismo de Estado y cuestionan la legalidad del ingreso de tropas extranjeras sin aval del Congreso.
La decisión del gobierno de Javier Milei de autorizar el ingreso de fuerzas militares de Estados Unidos para participar del ejercicio conjunto “Daga del Atlántico” volvió a encender el debate sobre la soberanía nacional, el respeto a la memoria histórica y los límites constitucionales del Poder Ejecutivo.
Las maniobras se desarrollaron durante junio en la provincia de Córdoba, específicamente en la Reserva Natural de la Defensa La Calera, un predio atravesado por la historia más oscura de la última dictadura cívico-militar. En ese territorio funcionó el centro clandestino de detención y exterminio La Perla, uno de los mayores símbolos del terrorismo de Estado en Argentina.
La polémica se profundizó luego de que la propia embajada de Estados Unidos en Buenos Aires difundiera un video donde se observa al embajador Peter Lamelas supervisando las actividades militares. Para los sectores críticos, las imágenes constituyen una demostración explícita de la influencia de Washington sobre decisiones estratégicas argentinas.
Las maniobras incluyeron tropas de élite, paracaidistas, vehículos blindados Stryker y aeronaves militares, en un despliegue que la oposición calificó como una señal preocupante de subordinación a los intereses estadounidenses. El cuestionamiento adquiere una dimensión aún más sensible por el rol histórico de Estados Unidos como principal aliado internacional del Reino Unido, potencia que mantiene la ocupación de las Islas Malvinas desde 1833.
Excombatientes de la guerra de 1982 y organizaciones vinculadas a la causa Malvinas expresaron su malestar por la presencia de efectivos norteamericanos en territorio argentino. Para muchos veteranos, resulta contradictorio que se fortalezca la cooperación militar con un país que respaldó logística y políticamente a Gran Bretaña durante el conflicto bélico del Atlántico Sur.
Otro de los puntos que concentra las críticas es el mecanismo utilizado para habilitar el ingreso de las tropas. Según denunciaron dirigentes opositores, el Gobierno evitó el debate parlamentario y autorizó la operación mediante un decreto presidencial, prescindiendo del tratamiento legislativo que, sostienen, exige la Constitución Nacional para el ingreso de fuerzas extranjeras al país.
La presencia de Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, durante el acto de apertura del ejercicio militar también generó rechazo. Organismos de derechos humanos consideraron especialmente grave que autoridades nacionales encabezaran una actividad castrense en un lugar reconocido por su vínculo con los crímenes de la dictadura.
La controversia ya trascendió el plano político y algunos sectores opositores impulsan pedidos de juicio político contra el Presidente, argumentando una presunta violación de normas constitucionales y una cesión inadmisible de atribuciones soberanas.
Para los críticos, “Daga del Atlántico” no constituye simplemente un ejercicio de cooperación militar, sino un hecho cargado de simbolismo político: tropas estadounidenses entrenando con armamento pesado en un espacio emblemático de la memoria argentina, bajo una autorización cuestionada y en un contexto donde la relación con Washington aparece cada vez más alineada con la agenda del gobierno de Milei. La discusión, lejos de cerrarse, promete convertirse en uno de los capítulos más controvertidos de la política nacional durante 2026.
